En el viernes de veda electoral se definió una extenso cronograma de reuniones de comisión para la semana post electoral y entre los proyectos que será dictaminado estará la prorroga hasta 2025 de la suspensión de los desalojos a comunidades indígenas.
El proyecto extiende la prohibición de desalojar a las poblaciones originarias, hasta tanto finalice un censo iniciado en 2006 pero que ningún gobierno logró terminar. La actual responsable de ese trabajo es Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
El de la norma objetivo reconocer la tierra de estas comunidades para cumplir con un mandato de la constitución de 1994, pero la demora en registrarlas provocó conflictos por los reconocimientos. La última prórroga vence el 23 de noviembre, por lo que si antes no se sanciona otra los jueces pueden disponer desalojos.
Una de las agrupaciones originarias más renombradas es la patagónica, por la irrupción de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un agrupación que se adjudica atentados y algunos senadores oficialistas de la patagonia como Alfredo Luenzo desconocen y aseguran que, de existir, no tiene relación con las poblaciones indígenas locales.