Alberto Fernández analiza cruzar una delgada línea roja para implementar la segmentación tarifaria, eterna promesa incumplida del kirchnerismo. La Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez cree que será necesario un decreto presidencial que los habilite a vulnerar la protección de los datos de egresos e ingresos que tiene la AFIP sobre los usuarios del área metropolitana, para poder aplicar una segmentación que tenga alguna correspondencia con la realidad.
Desde el fracaso de aquella «sintonía fina» del segundo mandato de Cristina, que incluyó el capítulo de la renuncia «voluntaria» a los subsidios, el diseño de una política efectiva de segmentación se choca con la pared de como precisar a quien corresponde que nivel subsidio.
El problema es que en las puertas de un acuerdo con el FMI, la necesidad de reducir el gasto que se va subsidios a usuarios -en muchos casos de alto poder adquisitivo- del área metropolitana se vuelve acuciante. Como explicó la economista Mariana dal Poggetto en una entrevista con LPO, el actual congelamiento tarifario ya generó un déficit equivalente al acumulado en seis años de los gobiernos de Néstor y Cristina. «No es lo mismo congelar tarifas con una inflación del 20% que con una del 50%», explicó.
Los subsidios a las tarifas eléctricas aumentaron 132% en el último año alimentando una dinámica de déficit explosiva. Por eso, la segmentación es una exigencia de Guzmán en su necesidad de converger hacia el equilibrio fiscal.
La idea del Gobierno de alcanzar una segmentación «justa» debe superar las leyes que protegen los datos de ingresos de los usuarios en poder de la AFIP. «Se están estudiando diferentes modalidades para poder contar con la información, y la solución más rápida es por decreto», afirmaron a LPO fuentes de la Secretaría de Energía. Si bien la Anses y el Conicet también participan en la elaboración de la fórmula, el jugador clave es la AFIP que tiene los datos de ingresos de todos los usuarios.