Esto ya pasó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández con la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el informal, profundizada en los productores agropecuarios por el impacto de las retenciones. Desde Misiones comentan: «Los que viven en las localidades a la vera de la costa del río Uruguay misionero ven de manera constante gran cantidad de camiones que circulan en nuestras rutas, con soja que llega de otras provincias del norte de la Argentina»
Ocho camiones repletos de soja en sus acoplados incautados en la última semana de octubre encendieron todas las alarmas. La profundización de la brecha cambiaria que para el productor agropecuario es aún más profunda por las retenciones, alimentó las especulaciones y la evasión.
Aquella soja que era transportada de manera ilegal fue incautada por personal policial y de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) durante un operativo desarrollado en la localidad de San Vicente.
La carga fue detectada en camiones que se encontraban estacionados en el predio de una estación servicio ubicada en el kilómetro 974 de la Ruta Nacional 14, distante 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Posadas.
Los rodados estaban repletos de soja con destino a Colonia Alicia, en el municipio de Colonia Aurora, limítrofe con Brasil.
Ahora, la Unidad de Información Financiera (UIF), a través de su delegación Litoral, solicitó ser parte querellante en esa causa. La UIF reclamó además que se inicie la investigación por lavado de activos y se formen los legajos patrimoniales de las personas involucradas, a fin de que se investigue la exteriorización de bienes con el dinero ilícitamente obtenido.
Según informó el organismo de control financiero, para poder trasladar la carga desde la zona de producción hasta el punto de acopio, «se habrían utilizado documentos apócrifos, valiéndose de terceras personas que, prestando sus datos personales, figuran como los destinatarios del producto».
Los motivos del secuestro de los camiones y de la carga responden a que el transporte no está inscripto en Misiones, que existe falta de capacidad económica que acredite la adquisición y/o propiedad de la soja por parte de los conductores y la inexistencia de las declaraciones juradas correspondiente, entre otras cuestiones.