En una decisión sin precedentes y de consecuencias políticas e institucionales impredecibles, la mayoría oficialista del Senado aprobó la remoción de los tribunales que ocupan en la actualidad de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, todos involucrados en el trámite de causas por corrupción que tienen como protagonista a Cristina Kirchner.
Con la oposición ausente, el rechazo de los pliegos que ratificaban los traslados de los magistrados fue aprobado por unanimidad de 41 votos. Al momento de la votación la vicepresidenta no se encontraba al frente de la sesión.
El trámite legislativo impulsado por el kirchnerismo se encuentra objetado ante la Corte Suprema de Justicia por Bruglia y Bertuzzi, miembros de la Cámara Federal porteña, quienes acudieron por la vía del per sáltum con un recurso de amparo para evitar que el Senado avanzara con el rechazo de sus traslados, realizados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
Castelli, por su parte, anunció resistirá la medida «con la Constitución en la mano» y mostró su confianza en que la Corte Suprema terminará dejando sin efecto la decisión adoptada por la mayoría oficialista de la Cámara alta y podrá permanecer en el tribunal oral en el que se decidirá la causa de los cuadernos de las coimas. «Lo que dijo este juez gravísimo, desconoce las atribuciones constitucionales del Congreso», le contestó el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa).
La decisión del Frente de Todos también mereció el rechazo de la oposición, que abandonó la sesión remota de la Cámara alta con fuertes críticas a Cristina Kirchner, acusándola de utilizar el Senado, que preside en su condición de vicepresidenta de la Nación, con el objetivo de escapar a la acción de la Justicia.
«Esto jueces les molestan porque están sentados sobre causas de corrupción kirchnerista. El siguiente paso es declarar nulo todo lo actuado por estos jueces en las causas que involucren al kirchnerismo», denunció la vicepresidenta de la Cámara alta, Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba).
El desplazamiento de estos magistrados, en particular los de Bruglia y Bertuzzi, no sólo beneficiaría a la vicepresidenta y los funcionarios de sus gobiernos acusados por corrupción. Procesados en otras causas siguieron con atención el debate del Senado, atentos a la posibilidad de presentar recursos de nulidad ante la Cámara Federal.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza),justificó la remoción de los jueces en el hecho de que sus traslados a los tribunales que ocupan actualmente se hizo a contramando del requisito constitucional, que establece que el nombramiento de los magistrados deben obtener acuerdo del Senado.
En ese sentido, agregó que aceptar sus traslados por decreto del Poder Ejecutivo implicaría «aceptar dos sistemas de selección de jueces. «Uno, el de la Constitución; y otro, el de los traslados, una selección de jueces a la carta según la conveniencia del Poder Ejecutivo de turno», agregó.
Pero Fernández Sagasti también explicó el rechazo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la negativa de los magistrados en participar en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos en la que se debatieron sus pliegos.
«Se pusieron en una situación de rebeldía a la Constitución Nacional», afirmó la legisladora oficialista, quien aseguró que el Senado no podía darles su acuerdo a estos jueces porque habían «incurrido en conducta contumaz».
En igual sintonía se manifestó Weretilneck que, además, cuestionó a los jueces porque «eligieron para permanecer en sus cargo la vía judicial».
Antes de retirarse del recinto con el resto del interbloque de Juntos por el cambio, la macrista Rodríguerz Machado había defendido la legalidad de los traslados decididos en la administración anterior.
«Los traslados fueron hechos conforme a derecho. Tanto es así que el ex ministro de Justicia (Germán Garavano) consultó a la Corte», afirmó la vicepresidenta de la Cámara alta.
Más aún, Rodríguez Machado recordó que Bertuzzi ya había sido trasladado durante el kirchenrismo «con el mismo procedimiento». «El traslado del gobierno de Macri fue devolverlo al juzgado original», aseguró.