La decisión de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal de poner en vigencia seis artículos del nuevo Código Procesal Penal activó a los especialistas en derecho que sospechan que esta jugada beneficiará a ex funcionarios kirchneristas en distintas causas por casos de corrupción. Leen en el movimiento un posible beneficio para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su situación procesal en los expedientes en su contra.
Además hay unanimidad de los especialistas sobre que los procesos judiciales se harán mucho más largos.
El punto más polémico de la reforma es el que plantea que las sentencias solo pueden ejecutarse cuando la Corte Suprema se pronuncie luego de revisar una causa. Otro de los detalles que aparece como aparentemente dudoso es la posibilidad de reabrir una investigación ya cerrada en el caso de que algún organismo internacional cuestione el proceso judicial.
En diálogo con Infobae, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra consideró que “la norma que dice que la sentencia condenatoria recién se puede ejecutar cuando la decisión está firme. Esto figura en el Código Procesal Penal que se sancionó en 2014. Esto va a generar polémica porque hay una doctrina de la Corte de hace más de diez años en el cual la Corte Suprema dijo que una sentencia no tenía firmeza mientras hubiera cualquier recurso presentado ante ella, aunque sea una queja. La puesta en vigencia de esta norma haría que no se pueda ejecutar una sentencia condenatoria hasta que la Corte no resuelva una queja”.
En tanto, para el constitucionalista Daniel Sabsay, la decisión de esta implementación es “escandalosa y absurda”. “Sólo modificando la Constitución se podría poner en marcha este mamarracho –dijo en declaraciones radiales–. Espero que esto haga surgir planteos de inconstitucionalidad. Los fiscales deberían actuar. Esto va a llegar a la Corte y no tengo dudas de que lo va a declarar inconstitucional”.
“Sólo modificando la Constitución se podría poner en marcha este mamarracho. El preanuncio fue el disparate del Presidente cuando dijo que le molestaba que hubiera una Corte Suprema independiente. Claro, como no es profesor de derecho porque no concursó, está puesto a dedo, no sabe de derecho constitucional y dice cualquier cosa”. Utiliza el sello pero no sabe”, amplió Sabsay.
Por su parte, Alejandro Fargosi consideró que la decisión del kirchnerismo “es una vergonzosa consolidación de una impunidad absoluta”. “Si una sentencia no se puede ejecutar hasta que la Corte la confirme, olvidémonos del sistema penal. Todo será apelado, todo tardará años y cuando llegue la sentencia de Corte, será inaplicable. Mientras, los delincuentes seguirán delinquiendo”, destacó.
“Si los fallos, incluso de la Corte, deben ser revisados cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos los contradiga, se terminó el Poder Judicial. Además esa ‘Corte’ está integrada por jueces designados por los gobiernos, que no han pasado por el sistema argentino de selección. Si los fallos no están firmes hasta que la Corte lo decida, implica que los fallos se presumen ilegítimos hasta que su legitimidad no sea convalidada por la Corte”, aseguró Fargosi.