La enmienda Parrilli para controlar a los medios renovó las tensiones en Casa Rosada

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En silencio, y con la orden directa de Cristina Fernández de Kirchner, el senador peronista Oscar Parrilli incluyó en el dictamen oficial de la Reforma Judicial una palabra que implica el infinito condicionamiento directo a todos los medios de comunicación de la Argentina. La modificación jurídica fue ejecutada a espaldas de Alberto Fernández y su ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se enteraron horas después de la decisión política asumida por CFK y Parrilli.
La Reforma Judicial es un proyecto de Alberto Fernández que redactó junto a Losardo, Vilma Ibarra –secretaria de Legal y Técnica– y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. La decisión del kirchnerismo de avanzar contra los medios sin consulta previa y como un hecho consumado multiplicó anoche las tensiones políticas que ya existen entre Olivos y la Cámara alta.
La Enmienda Parrilli contra la libertad de prensa tiene una palabra clave: “mediáticos”. Y significa que todos los jueces federales del país que consideren que un cronista, movilero, periodista, productor, editor o medio en sí mismo –por poner seis ejemplos de una lista inabarcable– intentó presionarlo, deberá informar al Consejo de la Magistratura, que abrirá una investigación contra el denunciado.
La inclusión del senador peronista en la Reforma Judicial, avalada por Cristina Fernández de Kirchner, fija textual en el artículo 72 inciso e): “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (…) comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”
La Enmienda Parrilli funciona como una figura penal en blanco que pone a merced de la interpretación de los jueces la libertad de prensa protegida en la Constitución Nacional. El inciso e) del artículo 72 no establece condiciones objetivas o subjetivas del presunto implicado, no determina en qué circunstancias se consideraría “cualquier intento de influencia” en las decisiones del magistrado y tampoco articula un mecanismo de defensa del periodista que aprovechó su poder mediático.

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