El sistema de salud privado recibió con la mayor de las preocupaciones la sorpresiva suspensión de los aumentos de 7% en las tarifas que en una primera instancia les habían autorizado a cobrar a partir de febrero. La suba en las cuotas, avalada en el Boletín Oficial de la mañana del 31 de diciembre, quedó suspendida horas después con una publicación especial, al filo de los festejos por el Año Nuevo. Es el segundo ajuste en las cuotas que queda stand by: a principio de mes las compañías ya habían atravesado una situación similar.
En el sector temen estar frente a un intento del Gobierno por reformar el sistema de salud luego de dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto a la necesidad de hacerlo más “eficiente” y estas marchas atrás que van en contra de lo que predica el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, al menos cuando se sienta con empresarios de la salud.
Ayer, 1° de enero, no hubo feriado para los dirigentes sectoriales, quienes compartieron su enojo y su estupor por una medida que, aseguran, afecta a uno de los servicios que mejor funcionan en la Argentina, elegido por presidentes y dirigentes políticos cada vez que deben atender una cuestión de salud.
Alertaban además que este año tendrán serias dificultades para pagar salarios. Más aún después de un 2020 muy complejo en el que los servicios más rentables se detuvieron por la pandemia y sólo las prestaciones más urgentes asociadas a la lucha contra el covid-19 estuvieron activas. Los empresarios afirman que sus compañías se mantuvieron a flote gracias a las inyecciones de dinero público que supusieron el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otras transferencias.
En los últimos años, los aumentos autorizados para las cuotas de las empresas de medicina prepaga, reguladas desde 2012, fueron en línea con la inflación. En 2019, estuvieron por encima con 8 aumentos y un porcentaje anual de 60,7 por ciento. Pero a lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10%, que se aplicó a partir de diciembre y que está lejos del 36% de inflación anual que estiman las consultoras privadas.
También hubo marchas y contramarchas con ese aumento: a las empresas se les había anunciado que se habilitaría un 15% para diciembre de 2020 y otro 10% para febrero de 2021, pero el Poder Ejecutivo ordenó retrotraer la medida una vez que había sido comunicada y publicada.
Finalmente, en el último día de 2020 y a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno otorgó un aumento de 7% a partir del 1° de febrero de 2021. Apenas unas horas después, todo quedó en la nada. Por la tarde, en una edición especial del Boletín Oficial, el incremento fue suspendido “por expresa decisión” del presidente Alberto Fernández.