El proyecto de ley de Presupuesto 2022 fue enviado al Congreso a minutos de medianoche con las principales variables económicas y una señal política contundente: apunta a bajar los subsidios mediante la segmentación de tarifas y a reducir la emisión monetaria a la mitad para contener la inflación.
Entre las principales variables económicas, el presupuesto de Guzmán estima que el año que viene la economía crecerá 4% desde el 8% de este 2021, de esta forma se recuperaría el nivel de actividad de fines de 2017 antes de que se estallara la crisis cambiaria de 2018. A su vez, proyecta que la inflación pasará a ser del 33% respecto del 45,1% con el que estiman que cerrará este año, es decir tener en promedio 2,4% de inflación a lo largo de 12 meses. La baja de la inflación, aclararon fuentes del Ministerio, no va a ser necesariamente lineal mes a mes porque puede haber repuntes estacionales, pero sí confían que en términos interanuales se consolide la baja.
El proyecto de ley plantea que entre diciembre de este año y el del año próximo, el dólar oficial pase de $102,40 a $131,10, es decir que se siga moviendo ligeramente por debajo de la inflación, aunque no tanto como en 2021. Consecuentemente y de la mano de precios más modestos para las commodities, el superávit comercial se reducirá de los 12.878 millones de dólares a los 9.323 millones.
Así y todo, en el Ministerio aclaran que la economía seguirá con déficits, pero se irán reduciendo de la mano de la mejora en los ingresos por la recuperación económica y por la baja en los subsidios económicos. Puntualmente, gracias al fin del Plan Gas de Aranguren con su resolución 46 y la vigencia plena del plan GasAr que pone un tope de 3,2 dólares por millón de BTU a la producción excedente, los subsidios caerían automáticamente del 2,2% al 1,8% del PBI. Sin embargo, en el equipo de Guzmán confían que podrán comprimir esta cifra al 1,5% gracias a una baja de 0,3 puntos porcentuales aplicando una política de segmentación de tarifas, aquella que en mayo generó el choque con Basualdo.
En cambio, el Presupuesto supone una ampliación en otras partidas presupuestarias como infraestructura, que pasa del 2,2% del PBI al 2,4% y el gasto en Educación se eleva al 1,4% del PBI, mientras que el presupuesto destinado al gasto social se amplía del 1,17% del PBI de 2021 al 1,21% del PBI de 2022, aunque con un asterisco importante: esta comparación elimina de su base a los gastos sociales asociados a la pandemia y financiados por el Aporte Extraordinario del impuesto a la riqueza -el cual no se proyecta en el 2022 y supuso un ingreso adicional al fisco de poco más de 1% del PBI-. Así y todo, en el Ministerio insisten en que: «El gasto social en términos reales va a subir con el crecimiento del PBI».
Así, el déficit primario proyectado es del 3,3% o $2.014.116 millones (menor al 4% de 2021) y el déficit financiero será del 4,9% o $2.961.349 millones (menor al 5,4% de este año).
Para financiarlo, el Presupuesto tomó nota de que a lo largo de este año la demanda de pesos fue menor a la proyectada el año pasado y ajustaron el margen para financiarse con «la maquinita». Del 3,6% del PBI que el Tesoro le terminaría pidiendo en 2021 que le imprima al Banco Central, el año que viene la emisión se reduce al 1,8% del PBI, exactamente la mitad. Solo este renglón en el excel supone una declaración fuerte de la cartera de Guzmán al kirchnerismo que reclamaba congelar las tarifas y emitir incluso más.
«Nos encantaría contar con el financiamiento para hacer más obras de infraestructura, pero tenemos que tener presentes las restricciones a las que se enfrenta en la economía porque irse más allá puede desestabilizar la trayectoria cambiaria», comentaron.
El resto del déficit se cubriría por vías financieras como préstamos de organismos internacionales por el 1,1% del PBI y la colocación de Letras y Bonos del Tesoro en el mercado local por otros dos puntos del PBI.
Como adelantó el miércoles por la mañana el presidente, el Presupuesto enviado al Congreso no contempla el pago de capital de deuda al FMI. A tipo de cambio oficial promedio, esto supondría hacer un recorte del 16,9% del gasto total proyectado para todo 2022, lo que equivaldría a todo el gasto planificado en infraestructura y en subsidios o a planes sociales como el AUH, el Progresar, las políticas alimentarias, la asistencia a las universidades, la compra de vacunas y todas las transferencias que reciben las provincias.