Confirmaron el procesamiento de gremialistas cercanos a los Moyano por el bloqueo a una empresa: “Ninguna norma autoriza la coacción”

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La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la condena de cinco representantes del Sindicato de Camioneros y sostuvo que “ningún derecho puede ejercerse abusivamente”. Quiénes son los acusados
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros, entre quienes figuran dos dirigentes de confianza de Hugo y Pablo Moyano, por el bloqueo realizado el año pasado al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora para reclamar una supuesta deuda con esa organización.

Entre los procesados están Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Hugo Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio. Ambos fueron acusados junto con Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Los procesamientos fueron dictados a mediados de noviembre por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, Fernando Caunedo, y fueron ratificados ahora por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que integran Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini.

En el fallo, los camaristas consideraron que “no se advierte que norma alguna de la República Argentina autorice las conductas coactivas que son objeto de análisis en este proceso” y destacaron que “no son admisibles las explicaciones brindadas (por el Sindicato de Camioneros) en cuanto se pretendió limitar el evento a un mero reclamo gremial”.
En la sentencia se recordó que “el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que ‘el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto’, advierte que ‘la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos’, y que tal se considera el que ‘contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres’”.

“Aún en ese caso, e incluso de existir realmente causa para el pago de una deuda o prestación semejante -agregaron-, debe recordarse que ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

Para los camaristas, “es claro que sólo el ejercicio legítimo y proporcionado de un derecho o prerrogativa legal está protegido” y que “así como ninguna facultad puede ejercerse con un propósito extraño a la tutela del interés que resguarde, menos aún puede justificarse si ocasiona a terceros un daño excepcional que excede el marco ordinario de las relaciones jurídicas”.

Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora, una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas, con seis camiones y 12 empleados, contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado la empresa, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes y él accedió a entregarle diez cheques a la orden del gremio y de su mutual.

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