Ante el creciente rechazo social y el riesgo de un colapso en la red eléctrica estatal, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una congelación inmediata en la aprobación de nuevos centros de datos en todo el estado. La medida ordena a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) detener el avance de la lista de espera de interconexión hasta que cada proyecto pendiente sea sometido a una auditoría exhaustiva sobre su impacto ambiental y financiero.
Esta orden representa la restricción más drástica impuesta hasta ahora por la administración texana al rápido desarrollo de infraestructuras que alimentan la inteligencia artificial. A partir de esta directiva, cualquier desarrollador que no cumpla con los controles sobre consumo de agua, demanda energética y transparencia corporativa verá rechazada definitivamente su solicitud de conexión al sistema eléctrico.
El principal motivo de esta decisión es la saturación crítica de la lista de espera de interconexión de ERCOT, el organismo regulador de la red independiente que abastece a la mayor parte del estado. Según datos oficiales de la gobernación, hay más de 1,800 proyectos pendientes de aprobación con una demanda potencial de 474 gigavatios eléctricos, cifra que supera en más de cinco veces el récord histórico de consumo máximo registrado en Texas.
Además, las autoridades señalaron que aproximadamente el 90 % de estas nuevas solicitudes corresponden exclusivamente a centros de datos e instalaciones de procesamiento masivo. Con al menos 335 complejos en operación y otros 248 en fase de proyecto, Texas se había consolidado como el segundo mercado más grande de Estados Unidos después de Virginia. Sin embargo, el volumen descontrolado de solicitudes obligó a suspender los estudios de planificación para evitar incrementos en las tarifas residenciales.
Para avanzar en los trámites de interconexión, los desarrolladores de proyectos hiperescalables deberán proporcionar información detallada que hasta ahora se mantenía confidencial. La auditoría evaluará las exenciones fiscales estatales y locales solicitadas, las estimaciones precisas del consumo eléctrico anual y en picos de demanda, así como la capacidad de las plantas para generar su propia energía in situ mediante centrales de gas natural.
Un aspecto fundamental del control será la sostenibilidad hídrica: las empresas deberán informar el volumen de agua requerido para sus sistemas de refrigeración y especificar las fuentes de suministro. Además, el estado revisará la identidad de los propietarios reales de las instalaciones y exigirá planes concretos para mitigar el impacto ambiental en las comunidades cercanas, incluyendo el control de la contaminación acústica y la iluminación nocturna.
La medida del gobernador surge ante la falta de transparencia y el incumplimiento de las corporaciones tecnológicas. Meses atrás, la PUCT y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas enviaron una encuesta voluntaria a 377 empresas del sector para recopilar información clave para la planificación energética. Sin embargo, solo 28 compañías respondieron, evidenciando la escasa información disponible para reguladores y ciudadanos sobre el funcionamiento interno de estas plantas.
Esta opacidad generó protestas a nivel local, con condados como Hill y municipios como San Marcos que intentaron imponer moratorias propias ante la presión vecinal por el ruido constante y el riesgo de desabastecimiento hídrico.
Desde el sector corporativo, la Coalición de Centros de Datos —que agrupa a los principales gigantes tecnológicos de Estados Unidos— expresó confianza en que la revisión permita identificar a los desarrolladores responsables y diferenciar a los actores especulativos. Sin embargo, pidieron a los reguladores estatales que aceleren los peritajes para evitar congelar innecesariamente las inversiones y perder liderazgo en desarrollo económico.
En el ámbito político, la decisión generó críticas. Sectores opositores y líderes críticos calificaron la directiva de Abbott como una acción cosmética para evitar convocar a una sesión legislativa especial que implemente regulaciones estrictas. Señalan que la suspensión no impide que proyectos con sistemas de autogeneración eléctrica privada sigan construyéndose al margen de la red estatal, por lo que exigen un marco regulatorio permanente aprobado por el Congreso local.